Autores: Dra. Rosa María Ramírez de Garay, Mtro. José Vicente Zarco Torres

Sección: Temas Invitados

Resumen

La salud mental es un problema importante entre las y los jóvenes y puede significar un obstáculo para continuar con sus estudios. La UNAM, al ser una institución pública y parte de la infraestructura del Estado, está obligada a atender y garantizar los derechos humanos, entre ellos el derecho a la salud mental. El programa ESPORA ha buscado atender esta problemática dando atención psicoterapéutica breve y gratuita a la comunidad universitaria, atendiendo también la violencia de género y la discriminación, situaciones que agravan la problemática de salud mental en nuestra comunidad.

Palabras clave: salud mental, jóvenes, violencia, diversidad sexual y género.

Key words: mental health, youth, violence, sexual diversity and gender.

Introducción

En México el interés en la salud mental y el bienestar se encuentra sumamente desestimado, a pesar de que las cifras en todo el mundo indican que la ansiedad y la depresión se están volviendo dos de las enfermedades con mayor prevalencia y causantes de discapacidad. En nuestro país únicamente se invierte el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en la atención a la salud mental y, de ese porcentaje, el 80% está dirigido a infraestructura hospitalaria. Además, el 60% de la atención a la salud mental que el Estado provee es exclusivamente psiquiátrica, por lo que es particularmente difícil que las personas con alguna afección emocional puedan acceder a procesos psicoterapéuticos que los apoyen en el reconocimiento, entendimiento y tratamiento de lo que les está ocurriendo (ONCyTU, 2018).

Pensando específicamente en la salud mental de la población universitaria, a partir de un estudio llevado a cabo en 21 países (entre ellos México) para examinar la prevalencia de desórdenes mentales en estudiantes entre 18 y 22 años, se encontró que el 20.3% de esta población presentaba indicios de padecer alguno de los trastornos indexados en el DSM-IV (Manual de diagnóstico estadístico de trastornos mentales). De ese porcentaje, únicamente el 16.4% de los casos habían recibido algún tipo de atención especializada en salud mental en los últimos 12 meses. Los padecimientos más comunes detectados en esta población fueron: ansiedad, desórdenes del estado de ánimo, consumo de sustancias y desórdenes de comportamiento (Auerbach, et al. 2017).

Una de las situaciones más preocupantes radica en que la falta de atención a las afecciones emocionales puede llevar a desenlaces fatales. En México la tasa de suicidio ha mostrado una importante tendencia al alza en los últimos cinco años, pasando de 6,494 suicidios en 2017 a 8,123 durante 2022, en otras palabras, pasamos de una tasa de 5.3 por cada 100 mil habitantes a 6.3.

El rango de edad en el que se presenta una mayor incidencia de suicidio es de los 20 a los 34 años (INEGI, 2023). También se ha encontrado una diferencia importante entre la ideación suicida en hombres y mujeres versus el acto consumado. Las mujeres presentan una mayor ideación suicida (2.96%) que los hombres (1.59%); sin embargo, los segundos tienen una tasa cuatro veces más alta de suicidios; es decir, concretan el acto con mucha más frecuencia que las mujeres.

Además de la edad y el género, a partir de las múltiples investigaciones que se han llevado a cabo respecto al tema, ha sido posible identificar algunos otros factores de riesgo, como lo son los problemas emocionales y afectivos, siendo la depresión, la ansiedad, el estrés académico y las situaciones en exceso estresantes las que mayormente se han asociado al suicidio. Así mismo, está la falta de apoyo social o redes de apoyo, las rupturas amorosas, la disfuncionalidad familiar, la violencia intrafamiliar y el bullying (Londoño y Cañón, 2020).

Aunado a lo anterior, están los efectos de la pandemia por COVID-19. Un estudio llevado a cabo por Fernández (2021) con estudiantes de una universidad pública de la Ciudad de México mostró que, a partir de la pandemia, hubo un incremento en las emociones de miedo, tristeza y enojo, junto con una sensación predominante de incertidumbre. Estas emociones se relacionan con el shock postraumático y la fatiga crónica que produjo el aislamiento.

Otro estudio llevado a cabo con estudiantes de una universidad privada en el centro de México detectó que el 48.3% de las y los estudiantes presentaron niveles de malestar psicológico de moderado a alto y muy alto durante el periodo COVID (Gutiérrez-García, Amador, Sánchez y Fernández, 2021).

Todavía nos falta mucho por explorar al respecto y solo a posteriori podemos ir dando cuenta de todo lo que implicó la pandemia en términos de salud mental; sin embargo nos parece que todos quienes nos dedicamos al trabajo psicoterapéutico hemos podido atestiguar sus efectos en la vida emocional de las y los jóvenes al tener que lidiar con pérdidas de familiares, pérdida de trabajo, carencias económicas, pérdida de los espacios escolares y, con ello, baja motivación para continuar sus estudios, el encierro y el aislamiento que en muchos casos redujo las redes de apoyo y aumentó la ansiedad social y los sentimientos de soledad, situaciones familiares desfavorables e, incluso, violentas.

¿Por qué debería de importarnos la salud mental en nuestros espacios universitarios? La primera respuesta es que la salud es un derecho humano que, por supuesto, incluye a la salud mental. Como todo derecho humano, el Estado tiene que garantizarlo y las universidades públicas son espacios en los que se puede brindar otras posibilidades a poblaciones que han sido históricamente muy vulneradas. Sumado a ello, se ha documentado que la salud mental tiene un impacto importante sobre el rendimiento académico, por lo que el hecho de que en la universidad se atienda este tema también impacta favorablemente sobre el desarrollo de sus estudiantes. En ese sentido encontramos estudios como el de Linares, Maldonado, Bustamante y Reynoso (2020) o el de Sánchez-Vega, Blum, Zarco y Lucio (2016), llevado a cabo justamente dentro del programa ESPORA, que muestran que es posible encontrar una relación entre la salud mental, la satisfacción escolar y el desempeño académico. Ambos estudios coinciden en que cuando la salud mental de las y los estudiantes está afectada, su desempeño escolar tiende a verse afectado negativamente y, de la misma forma, se ha encontrado que estar en un proceso psicoterapéutico puede tener un efecto favorable sobre algunos indicadores de desempeño escolar.

Sin embargo, la salud mental no es un elemento o una construcción aislada. Existen múltiples factores sociales que impactan en ella, y dos de los que más nos interesa problematizar y trabajar dentro del programa ESPORA son la discriminación y la violencia.

En este texto queremos hablar particularmente de la violencia contra las mujeres, la violencia y el rechazo hacia las diversas orientaciones e identidades sexuales y su impacto en la salud mental de los y las universitarias.

Hemos sido históricamente educados, socializados y constituidos como sujetos bajo la idea de que el género, la orientación y las identidades son entidades fijas que tienen que responder a cierto orden sexo-genérico preestablecido y con correspondencia entre un sexo asignado al nacer (mujer/hombre, negando además otras posibilidades que no se ajustan a estas dos únicas categorías), género (“femenino/masculino”, otra vez negando otras múltiples posibilidades) y orientación sexual (donde la heterosexualidad se ha constituido como la norma). No obstante, estas son concepciones que se han puesto en tensión de manera más intensa a partir del pensamiento posmoderno, impregnado de manera importante en las generaciones más jóvenes. Esto no quiere decir que la desigualdad, la discriminación y violencia hacia las mujeres y la diversidad sexual antes no existiera, sino que ahora se nombra y visibiliza de manera más contundente y se ha evidenciado como una problemática fundamental dentro de la universidad. Nuestra Institución es un micro mundo en el que se reproducen las desigualdades que observamos fuera de las aulas. Negar estas dinámicas de poder y estas problemáticas al interior de nuestra Universidad lo único que logra es que se sigan reproduciendo como si se tratasen de prácticas legítimas.

La discriminación hacia las mujeres es uno de los principales males que aqueja a nuestra comunidad. En este sentido, resulta de utilidad el concepto propuesto por Allan y Madden (2006) alrededor de dos tipos de discriminación en las instituciones educativas, la vertical y la horizontal. La primera alude a aquella que se ejerce desde los puestos de poder hacia aquellas personas que se encuentran en una menor posición de poder, por ejemplo, del profesorado hacia las estudiantes. La horizontal se refiere a la que se ejerce hacia personas que se encuentran, en teoría, en una posición de poder similar, por ejemplo, la ejercida por parte de investigadores hacia investigadoras. En ambos casos, la discriminación y la violencia pueden traducirse en una multiplicidad de actos como acoso u hostigamiento sexual, comentarios misóginos, actos de preferencia hacia los varones, descalificaciones, sesgos en la evaluación de unos y otras, negar el acceso a las mujeres a mejores posiciones, subestimación del trabajo de las mujeres y/o mayor exigencia, entre otras.

De acuerdo con el Observatorio para la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación Superior (2021) el índice nacional -en lo referente a qué tanto se han logrado condiciones de igualdad para hombres y mujeres en las universidades- es de 1.5 de 5 puntos. En la UNAM estamos un poco más adelante, ya que actualmente nos encontramos en un 2.4 de 5 puntos. Este índice evalúa las siguientes áreas: lenguaje incluyente y no sexista, elaboración de estadísticas y diagnósticos con perspectiva de género, legislación contra la violencia de género, investigaciones y estudios en género, sensibilización en género y corresponsabilidad familiar. Estos dos últimos elementos son los peor valorados actualmente.

No obstante, la violencia es de las situaciones más serias que hay que atender en el ámbito de las universidades y que no se resuelve únicamente con legislaciones. Además, es un factor que puede tener un impacto muy importante en la salud mental de las estudiantes y en su desempeño académico. Es muy difícil tener cifras claras sobre las violencias que sufren las estudiantes universitarias, ya que muchas de estas violencias siguen estando invisibilizadas o normalizadas. A nivel nacional sabemos que 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia de género al menos una vez en su vida, 39.9% de las mujeres han recibido violencia por parte de su pareja y 32.3% en el ámbito escolar; en promedio 11 mujeres son víctimas de feminicidio diariamente en nuestro país (INEGI, 2021).

En un estudio realizado por Lazarevich, Irigoyen, Sokolova y Delgadillo (2013) se identificó la violencia en el noviazgo como una problemática de amplia prevalencia en estudiantes universitarias mexicanas, con un índice de hasta 75% en violencia verbal-emocional, la más frecuente en esta población. Así mismo, el encontrarse en una relación violenta se asoció con una baja en la autoestima de las mujeres y con mayores índices de depresión en hombres y mujeres.

En la UNAM los tipos de violencia de género más denunciados son: la violencia sexual (67.3%), violencia psicológica (40.4%), violencia física (17.4%), acoso (13%) y discriminación por género (12.3%) (Oficina de la Abogacía General, 2020). Si bien ha habido avances valiosos, todavía queda un largo camino para lograr espacios equitativos, respetuosos y libres de violencia.

La concepción de lo que es la identidad también se ha transformado. Actualmente sabemos que las identidades son cambiantes, no fijas. Lo cual implica que pueden transformarse a lo largo del tiempo, pero también que pueden constituirse y expresarse de maneras diversas. Particularmente cuando hablamos de identidad de género encontramos que hay múltiples maneras de vivirse como hombre o mujer o, incluso, fuera de estas dos categorías. Las generaciones más jóvenes han puesto en cuestionamiento los roles y estereotipos tradicionales sobre lo que significa ser hombre o mujer, abriendo nuevas posibilidades de ser y existir en este mundo. Todas las formas de identidad de género son válidas, y la universidad tendría que ser un espacio seguro y libre de discriminación para todes.

Con respecto a ello, una de las poblaciones más violentadas y marginadas en nuestro país es la población trans, y con esto nos referimos a todas aquellas personas que de distintas formas no se sienten identificadas con el sexo que les fue asignado al nacer. Esto abarca, por supuesto, a quienes se identifican como hombres o mujeres trans, pero también a quienes no se ubican dentro del binarismo sexual. Ya decíamos que esta es una de las poblaciones más violentadas en nuestro país y tiene que ver en buena medida con que las identidades trans ponen en cuestionamiento nuestras preconcepciones alrededor del sistema sexo/género en un mundo que está organizado, en gran medida, a partir de estas categorías estrechas, fijas y que limitan nuestras posibilidades de expresión. En este sentido, la UNAM tiene que ser punta de lanza en torno a la inclusión, el respeto y la no violencia. El trabajo y el reto es nuestro: para cuestionar y desmontar nuestros estereotipos y prejuicios para hacer que la universidad sea un espacio habitable para todas las identidades.

En cruce con lo anterior, está otro de los mandatos que rige fuertemente nuestras interacciones sociales: la heterosexualidad normativa. La orientación sexual hace referencia a quién nos atrae de manera romántica, sexual y afectiva. Si bien la mayoría de las personas definen su orientación sexual alrededor de la adolescencia, esta no se define de una vez y para siempre y puede cambiar o puede ir incorporando otras posibilidades a lo largo de la vida; es decir, no necesariamente es fija y, por supuesto, no necesaria ni obviamente es heterosexual.

Pero entonces, ¿qué tal vamos en cuanto a la incorporación de la diversidad sexual y genérica? México es uno de los países en la región que cuenta con más leyes encaminadas a la inclusión de personas de la diversidad sexual y, al mismo tiempo, sigue siendo uno de los que tiene un mayor número de crímenes de odio. En 2023 México ocupó el segundo lugar en este aspecto, siendo superado únicamente por Brasil. En los últimos cinco años se han sumado, al menos, 453 asesinatos de este tipo en nuestro país (Forbes, 2023). En una encuesta llevada a cabo por la organización Yaaj (2018) durante los años 2015 y 2016 con personas de la diversidad sexual se encontró que 62% de las personas encuestadas reportaron haber sufrido violencia en la escuela, 41% haber sido excluido del ambiente familiar, 40% haber sido excluido de un grupo religioso, 30% haber sido violentado por agentes de la policía y al 25% se le impidió donar sangre para un familiar solamente por no ser heterosexual. De las violencias que han vivido con mayor frecuencia, la principal fue la verbal (54.9%), seguida de la psicológica (35.3%), amenazas (23.2%) y violencia física (20.8%). Además, en nuestro país las condiciones estructurales llevan a que la población LGBTQI+ presente altos índices de pobreza como consecuencia de la falta de oportunidades laborales, las dificultades en el acceso a la educación y a la salud.

En una encuesta llevada a cabo en 2022 por la Coordinación para la Igualdad de Género para explorar las condiciones y las percepciones de la comunidad LGBTQI+ en la UNAM se observó que, aproximadamente, el 45% de las personas encuestadas perciben a la UNAM como un espacio amigable; no obstante, un 38.22% reporta que su experiencia ha sido regular y, aproximadamente, un 20% que ha tenido una experiencia poco o nada favorable.

En términos de seguridad, el 12.43% percibe que la UNAM es un espacio totalmente seguro para elles, el 29.72% lo advierte muy seguro, el 41.3%, es decir, la mayoría, lo observa regular, el 12.32% lo percibe poco seguro y un 4.23% que respondió nada seguro. Al preguntarles si han sido víctimas de alguna situación de discriminación en su vida en la universidad, el 72.5% dijo que sí. Las principales formas de discriminación son: referirse a elles con un género incorrecto, no reconocimiento de su identidad, gestos de desagrado, comentarios agresivos, chismes, rumores, burlas, amenazas, intimidación, maltrato físico y obstáculos para acceder a ciertos espacios.

La discriminación puede tener consecuencias serias sobre la salud mental de las personas: genera miedo, tensión excesiva, ansiedad, depresión, estrés postraumático, autorrechazo y malestar psicológico, así como aumento en el consumo de sustancias como alcohol y otras drogas como una forma de lidiar con esos afectos displacenteros (Ruiz-Palomino, et. al., 2020; Lozano, Fernández y Baruch, 2017). Es por lo que en ESPORA consideramos la discriminación, la violencia y la no inclusión como temas que merman la salud mental de la población universitaria y, por lo tanto, son fenómenos que tenemos que entender y atender.

El programa ESPORA como una forma de atender las violencias y de asegurar el derecho a la salud en la comunidad UNAM

El modelo de atención que hemos diseñado para nuestra universidad ha demostrado efectividad y, sobre todo, aceptación y aprobación por parte de la comunidad que nos hace ser una posibilidad para que las y los universitarios tengan acceso a la salud mental que no está asegurada por el Estado. Como antes expusimos, solamente el 2% del presupuesto nacional destinado a salud corresponde a la atención de la salud mental, lo cual evidencia la casi inexistencia de este tipo de atención en nuestro país. El interés y la preocupación por la salud mental se refleja en el presupuesto, lo demás es pura demagogia.

ESPORA es un programa que se dedica a concientizar y difundir temas sobre salud mental en nuestra universidad, pero, sobre todo, es un programa de atención psicológica para el alumnado universitario. Contamos con un modelo de 14 sesiones de psicoterapia breve orientada psicoanalíticamente y focalizada. En 14 sesiones se obtiene una impresión diagnóstica que, sumada a la demanda del paciente y su situación de vida, nos permite centrarnos en dar herramientas a la persona que nos consulta para que pueda entender que su problemática emocional (su sufrir) está ligada a situaciones de su vida, históricas y presentes, que se tienen que pensar y poner en contexto, sin prejuicios para que se tenga oportunidad de enfrentar esas problemáticas con más herramientas y claridad. A eso le llamamos obtener fuerza yóica¹ en un sentido estructurante del aparato psíquico y también narcisista.

Es importante resaltar que partimos de la no consciencia de muchas cosas de nuestra vida psíquica y que, al trabajar con el paciente e identificar esas mociones inconscientes que se involucran con el aquí y el ahora, así como también en el allá y entonces, el paciente puede dar cuenta y aprender que existen nuevas formas de conocerse y que la voluntad o el “echaleganismo”² no son suficientes para superar determinadas situaciones, sino que el trabajo psicoterapéutico personal le enseñarán a obtener fuerza y herramientas para conocerse y entonces sanar.

El entrenamiento de las y los psicoterapeutas es crucial para que funcione ESPORA. Más allá del manejo clínico y las habilidades psicoterapéuticas que son muy buenas y que la experiencia hace que mejoren día con día, la perspectiva de género, la consciencia sobre la diversidad y la no discriminación son líneas fundamentales dentro de su trabajo y esperamos que dentro de sus vidas. Así, trabajar de una manera neutra y fuera de los juicios y prejuicios comunes en la sociedad hace que los psicoterapeutas se centren en escuchar a los pacientes con una apertura especial y con menos bloqueos, a fin de poder tener más efectividad en sus intervenciones, en sus procederes y en sus decisiones clínicas.

Pero no solo se trata de las habilidades clínicas-psicoterapéuticas y su posición clínico-ética, el eje de ESPORA se encuentra en la supervisión, la cual es generalmente un espacio de contención, aprendizaje, formación, reflexión, etcétera. No es un lugar de resoluciones técnico-clínicas; es decir, no es simplemente una articulación de lo teórico y lo práctico, es un espacio de clínica en términos del cuidado al otro y ahí nos referimos no nada más a nuestros pacientes -nuestra razón de ser-, sino a las y los psicoterapeutas.

En la supervisión se da un acompañamiento grupal, principalmente por parte de los coordinadores, pero también de las y los psicoterapeutas más experimentados -las y los jefes de sedes-, ya que trabajamos con los sentimientos, principalmente con las angustias y miedos a los que nos enfrentamos a diario en los casos tan graves que vemos. En ese acompañar y analizar la situación, junto con nuestras reacciones emocionales (transferenciales), se toman decisiones clínicas que tienen que estar contextualizadas a la realidad del paciente y de lo institucional.

Así, acompañar a una víctima de violencia no tiene que ver solo con nuestra empatía o compasión. Es ayudar a desterrar en muchas ocasiones razones inconscientes que hacen, en la cabeza de las víctimas, justificar los hechos y culparse por razones fuera de una realidad objetiva y que, como resultado de ello, no buscan atención o justicia. Es importante que se puedan desbloquear esas razones inconscientes, personales o colectivas para que las y los pacientes puedan superar y recuperar la agencia de sus vidas, pues al haber vivido un acto de violencia lo que se perdió fue la agencia, la voluntad, la posibilidad de actuar y “moverse” de esa situación que los o las dañó.

Conclusiones

Desde hace muchos años es evidente la crisis sanitaria en salud mental por la que atraviesa nuestro país, pero después de la pandemia no solo es evidente, sino que se ha vuelto urgente actuar.

Las acciones no tienen que ver únicamente con proyectos psicoterapéuticos, que son indispensables, sino con una política integral que contemple todos los derechos humanos y esté centrada en el bienestar general de la población. Parece sencillo y trillado lo que se dice, pero no se ejecuta. Para ello es indispensable el reconocimiento de las diversas situaciones culturales, sociales y económicas que agravan el estado de salud mental en México. Si bien sabemos que hay muchos más factores y dimensiones como las que mencionamos en este artículo -la precariedad económica, el racismo y el clasismo, por ejemplo-, en esta ocasión nuestro interés fue señalar y problematizar el efecto de la discriminación y la violencia de género, homofóbica y transfóbica como agraviantes severos hacia la salud mental de nuestra comunidad.

La UNAM es la Universidad de la Nación; es importante estar a la altura y resistirse a todo lo que no quiere avanzar en términos de progreso…, somos conocimiento, movimiento, futuro, vida y desde ahí se debe actuar al atender a nuestra comunidad. El principal papel de la universidad es garantizar el derecho a la educación, pero tenemos que preguntarnos también: ¿Cómo se está viendo perjudicado este derecho en estas poblaciones históricamente más vulneradas? ¿Cómo nosotr@s mismos estamos vulnerando ese derecho en nuestro actuar? Es indispensable privilegiar el bienestar de todas y todos, en especial de los más desfavorecidos para intentar una política de equidad. Si estamos aquí es porque creemos y sabemos del poder de la educación.